En este capítulo, el autor nos indica determinadas medidas para combatir la corrupción, dado que España es uno de los países más corruptos y con más percepción de corrupción de nuestro entorno.
Las medidas serían:
- El anuncio constante de medidas meramente cosméticas y la falta de aplicabilidad de las mismas: la exigencia de responsabilidad política.
- La clase política y su sentimiento mesiánico: la necesaria despolitización de la Administración.
- Falta de transparencia en el aparato burocrático del Estado: establecimiento de duros mecanismos de control y técnicas de evaluación y de gestión privadas en la Administración.
- La falta de ética: cumplimiento de los códigos de ética del empleado público.
- Los lobbies: de la improbable erradicación a la necesaria regulación.
- El frustrante resultado de las investigaciones: la necesaria mejora de la eficacia de las normas jurídico-penales.
- La opacidad beneficia la corrupción: prohibición de los paraísos fiscales.
- Falta de controles y opacidad: la transparencia debe ser la regla en todos los ámbitos, especialmente en la Administración de Justicia.
- Existencia de injerencias y otros intereses que el público ignora: garantía de una total independencia del Poder Judicial.
- Garantizar una justicia ágil y eficaz.
- Responsabilidad judicial.
- Garantía de imparcialidad.
- Corrupción y crimen organizado: ka necesaria coordinación internacional.
- Diligencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
- Sistema de incompatibilidades.
- El Ministerio Fiscal: el fiscal investigador y el juez garante del debido proceso.
- Una fiscalía especial anticorrupción.
- Oficina Pro Derechos Humanos y Anticorrupción, para combatir el fenómeno de la corrupción y su asociación al crimen organizado desde el respeto a las garantías y derechos humanos.
- Proteger al denunciante, a los testigos y/o al arrepentido.
- Aforamientos: quitarlos
- Sistema de financiación de los partidos políticos y los sindicatos.
- Responsabilidad de los medios de comunicación.
En general, estas medidas pondrían de patas arriba el sistema español, que no tiene transparencia en casi nada, siendo caduco en todos los aspectos.